Durante la mañana de este jueves, se realizó una reunión, gestionada por Ley de Lobby, entre las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Colaboradoras Residenciales de Sename y representantes del subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien no pudo asistir a la sesión. En su lugar recurrieron la jefa Reinserción Social Juvenil, Danae Fuentes y los profesionales Pedro Pacheco, Marcela Corvalán y Paula Recabarren.
La crisis del sistema residencial debido a la baja subvención, falta de profesionales capacitados, la poca colaboración de SENAME en temas técnicos, el aumento de exigencias y la exigua comunicación entre la mesa y el servicio fueron parte de los temas expuestos en la oportunidad. “Sin lugar a duda, la inequidad en la subvención de dineros entre los centros de administración directa de Sename que reciben 3 millones de pesos por niño, niña o adolescente y las colaboradoras cuya labor deben cumplirla con promedio de 500 mil pesos es lo que hace que hoy estemos en crisis y luchando por una distribución justa del presupuesto”, indicaron las representantes de las colaboradoras.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones, hermana Marcia Jamett, enfatizó en la necesidad de equiparar recursos para evitar aún más discriminaciones y vulneración de derechos de niños y niñas, “ya por ser pobres no son visibilizados y, más aún, si le sumamos que han sido abusados, maltratados o abandonados las políticas públicas los dejan en el último lugar de las prioridades”.
En la ocasión, el equipo de la subsecretaría se comprometió a exponer las peticiones de la mesa técnica en los gabinetes, avanzar en un diagnóstico de nudos críticos y a pensar en conjunto mecanismos que apoyen a las colaboradoras residenciales a salir de la crisis y evitar que pase a mayores consecuencias. Estas aristas vienen siendo trabajadas desde hace años y con mayor impulso desde la trágica muerte de Lisette Villa en un centro de administración directa de Sename, pero que no han generado frutos concretos que protejan al 98% de los infantes y adolescentes vulnerados del país, que son atendidos por las colaboradoras residenciales.